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Sin contar los 13 originales, solo unos pocos estados fueron admitidos en la Unión sin haber sido nunca Territorios organizados del gobierno federal: El Congreso tampoco está obligado a admitir como estados incluso en aquellas áreas cuya población ha expresado su deseo de incorporación a la Unión.Por ejemplo, la República de Texas solicitó su anexión a los Estados Unidos en 1836, pero el temor generado por su conflicto con México retrasó su admisión nueve años.

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Al Territorio de Utah le fue negada su admisión en la Unión como estado durante décadas, a causa de la disconformidad con el dominio de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en el territorio, y especialmente con la élite mormona, que por entonces practicaba la poligamia.​ Una vez establecidas, las fronteras estatales han sido estables en gran parte; las únicas excepciones importantes son las cesiones por parte de Maryland y Virginia para crear el Distrito de Columbia (la parte de Virginia fue devuelta más tarde); una cesión de Georgia; expansiones de Misuri y Nevada; y las separaciones de Kentucky, Maine y Tennessee de Virginia, Massachusetts y Carolina del Norte, respectivamente.

La Constitución no contempla el caso de la secesión de un estado de la Unión.

Las líneas generales de este proceso fueron establecidas por la Ordenanza Noroeste, que precedió la ratificación de la Constitución.

Sin embargo, el Congreso es la máxima autoridad sobre el reconocimiento de nuevos estados, y no está obligado a seguir este procedimiento.Se exige que los estados den "fe plena y crédito" a las leyes de las legislaturas y tribunales de los otros estados, lo que incluye generalmente actos como el reconocimiento de contratos legales, matrimonios, juicios criminales y —en su día— el estatuto de esclavitud.Los estados tienen prohibido discriminar a ciudadanos de otros estados con respecto a sus derechos básicos, bajo la "Cláusula de Inmunidades y Privilegios".Por ejemplo, el Congreso puede regular el tráfico del ferrocarril a través de las fronteras estatales, pero también puede regular el tráfico de trenes únicamente dentro de un estado, basándose en la teoría que el tráfico totalmente intraestatal también puede tener un impacto en el comercio interestatal.Otra fuente de poder del Congreso es su "poder de gasto" —la capacidad del Congreso de asignar fondos, por ejemplo al sistema interestatal de autopistas—.Aunque en el fondo esto pueda entenderse como la violación de los derechos de los estados, la Corte Suprema ha defendido la práctica como un uso permisible de la "cláusula de comercio" de la Constitución.

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